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'Tijeretazo' para todos, 'hachazo' para las ONG

Si un tópico ha triunfado en todo debate sobre la crisis es este: "La pagan los más pobres". Usado como mantra por los 'indignados’ y en columnas de sesudos analistas, esta sentencia es, más que una mera frase hecha, una sangrante realidad para las ONG de cooperación al desarrollo catalanas.

Los 'tijeretazos' del 10% de media que el Govern pretende aplicar a cada una de sus consejerías y agencias son todo un ‘hachazo’ de más del 50% en el presupuesto destinado a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), entre cuyas funciones está el reparto de subvenciones a las ONG que trabajan en proyectos en el exterior.

En la actual coyuntura la ACCD, sin embargo, poco tendrá que repartir. Su presupuesto dio su primer salto vertiginoso en 2010. Para entonces debía recibir 130 millones de euros, según recogía el Plan Director 2007-2010, aunque finalmente no alcanzó ni la mitad: 49 millones. Una vez se aprueben los presupuestos del actual Govern, la ACCD volverá a números que no veían desde 2003, precisamente con CiU aún en el Palau: 22 millones de euros.

"Eso son migajas para el Govern", según el director de la Federació Catalana de ONG para el Desarrollo (FCONGD), Francesc Mateu, quien asume, sin visos de ser irónico, que "el recorte al que nos someten no va a ser precisamente el que salve el déficit catalán". Es por esa misma razón por la que las ONG no encuentran "explicación" al práctico "desmantelamiento" de la cooperación catalana al desarrollo. Según Mateu, "si el argumento es que aquí también hay pobreza, deben pensar en que los efectos de la crisis se multiplican por mil en los países pobres".

Para hacerse una idea del ocaso del sistema de cooperación catalán sólo es necesario remontarse a 2009, cuando por primera vez en la historia de la cooperación el presupuesto se redujo en comparación con el año anterior, según un informe hecho público en marzo por Intermón Oxfam. En el mismo texto la ONG, una de las de mayor tamaño de todo el Estado, alertaba de que la pendiente para las aportaciones públicas en toda España no iba a hacer más que acentuarse.

Los daños del 'hachazo', aún por constatar sobre el terreno, además, hace tiempo que han golpeado las propias estructuras internas de las ONG, obligadas a un adelgazamiento inevitable. La propia Intermón, con una plantilla de 500 personas en todo el Estado, la mayoría de ellas en Cataluña, tuvo que aprobar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre 65 trabajadores.

La ACCD del propio Govern tampoco se escapa a vivir su propio ERE. Según denuncia el colectivo de abogados del Col·lectiu Ronda, el Ejecutivo catalán prepara el despido de la mitad de su plantilla. Un extremo que desde la ACCD aún no confirman. "En estos momentos no hay ningún ERE", apuntan fuentes de la agencia, aunque admiten que "se están valorando las medidas que debemos tomar para trabajar más con menos".

Semejante panorama no hace más que convertir en pura fantasía el objetivo de alcanzar el 0’7% del PIB de todo el Estado –Cataluña debería aportar el 0,77%- en cooperación antes de 2015. Una vez asumida esa realidad, a las ONG sólo les queda el derecho a protestar por una situación "injusta" e "imposible de explicar", apunta Mateu.

Una vez superada la primera comparecencia la semana que viene en el Parlament del nuevo director general de Cooperación, Carles Llorens, la FCONGD tiene previsto iniciar una serie de movilizaciones para "visualizar nuestro rechazo" a que limitar las ayudas al desarrollo a apenas una décima del presupuesto de la Generalitat "sentencie" , como dice el tópico, a los pobres entre los pobres.





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