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ONG: México, “paraíso” para explotación sexual de menores

México “es un paraíso” para la explotación sexual de menores, pues ese delito ocupa el segundo lugar en generación de recursos en el país, que se ubican en el orden de los 24 mil millones de dólares anuales, por encima de la venta de armas y sólo debajo del narcotráfico, asegura la organización Infancia Común.

En un documento, la presidenta de ese organismo, Raquel Pastor, refiere que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en la “indefensión total” ante la ausencia de políticas y leyes específicas que los protejan de esas y otras prácticas que atentan contra sus garantías.

El análisis de la ONG subraya además que México es el segundo lugar en producción de pornografía infantil, inmediatamente después de Tailandia.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo la explotación sexual infantil es una violación a los derechos humanos de ese sector y una forma de explotación económica que se presenta cuando una o varias personas atraen y utilizan a niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales, con el objetivo de satisfacer sus intereses o los de terceros a cambio de alguna remuneración, sobre todo, económica.

En ese sentido, Infancia Común considera que “ese tipo de explotación es la forma más extrema de violencia que los adultos pueden ejercer contra los menores, la que con frecuencia es resultado de una historia previa de maltrato desde el núcleo familiar”. El reporte de la organización agrega que este delito no sólo atenta contra los niños, sino contra la sociedad en su conjunto.

Destaca que al no ser reconocidos por las leyes mexicanas como sujetos de derecho, los menores son agredidos en su intimidad y sujetos a estas prácticas, mientras en casi todos los casos se enfrentan a corrupción e impunidad.

Critica que en instancias gubernamentales, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no exista reconocimiento a los niños como sujetos de derecho, además de que esa instancia de gobierno no cuenta con especialistas ni con una visión integral ante la problemática de la explotación sexual infantil.

Aunado a ello, expone, pese a que el Estado mexicano está obligado cumplir con los tratados internacionales que resguardan, protegen y otorgan garantías a ese sector poblacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, en la realidad no se aplican debido a que no existe una armonización entre la normativa nacional –federal y local– con la internacional.

“Las leyes relacionadas a la defensa de la infancia no sirven de nada ya que aún no aterrizan en una política pública, además de que hay autoridades involucradas en los delitos. Por otra parte, al no ser reconocidos como sujetos de derecho ante la ley, niñas, niños y adolescentes están impedidos de presentar una demanda ante la justicia, ya que para tal acción deben acudir acompañados de un adulto o tutor, mismos que en ocasiones son sus victimarios”.

En Brasil, afirma la ONG, existe una cultura de la denuncia ante la explotación sexual infantil, ya que cada año se abren alrededor de 14 mil investigaciones por ese delito; mientras en México, en el DF, sólo se presentan seis denuncias anuales, casos que además “se enfrentan a la impunidad y corrupción de las autoridades”.

Fuente: La Jornada

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